En Mayo de 2014 el Consejo Nacional de la Magistratura inició investigación al fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales por el ya famoso caso La Centralita, y hoy, 15 meses después, aún no se emite un pronunciamiento sobre este caso.

Lejos de las posiciones legítimas que puedan expresar políticos, periodistas o personas interesadas en sacar provecho de esta situación, es sumamente importante que el CNM llegue a una conclusión para evitar la especulación y el maltrato público del investigado.

Son los miembros de este organismo los únicos autorizados legalmente a dar una decisión final respecto de la actuación funcional del ex fiscal de la Nación. Dilatar más y más su pronunciamiento no solo daña su imagen, sino también la del sistema de justicia.

Es cierto que no hay un interés personal o confabulado de los consejeros en dilatar este caso, pues es público que el CNM ha tenido retrasos, no atribuidos a esta institución, en su conformación.

Hace pocos días por ejemplo, el fiscal Peláez Bardales quedó encargado del despacho de la Fiscalía de la Nación por un viaje a Chile del titular del Ministerio Público, y no faltó la crítica y mella de un político que dijo que no podía dejarse al frente de la institución a una persona que está siendo investigada.

El congresista Mesías Guevara no reconoce, o no quiere reconocer, que ser investigado no es una condición de culpabilidad ni da derecho a la condena pública o mediática. 

DEFINICIÓN DEL PROCESO 

En el CNM el caso La Centralita está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios, presidida por Orlando Velásquez e integrada por Iván Nogüera y Máximo Herrera, quienes al terminar su investigación deben evacuar su informe final al pleno de ese organismo. 

Sin embargo, antes de evacuar su informe es requisito ineludible que el recientemente incorporado consejero Julio Gutiérrez Pebes cite y haga las preguntas que desee sobre el caso al propio fiscal Peláez. Por eso lo ha citado a una audiencia para el próximo miércoles 2 de setiembre en horas de la mañana.

Luego de que ello, dicha comisión estará expedita para enviar su informe al pleno del CNM, el cual está conformado, además de los consejeros ya mencionados líneas arriba, por Pablo Talavera -quien preside- y Guido Aguila.

Para que se arribe a una decisión sobre esta investigación al fiscal Peláez es necesario como mínimo 4 votos de los 6 miembros. Dicha decisión puede ser el archivamiento de su caso, una recomendación de sanción menor que sea impuesta por la Junta de Fiscales Supremos o la destitución.

Ya hace algunos meses el propio CNM le archivó la investigación sobre el caso Sánchez Paredes.

Existe lamentablemente un hecho que podría dilatar más este caso: Si se integra al CNM un nuevo consejero, éste tendría que convocar otra vez al fiscal Peláez para escucharlo y hacerle las preguntas que desee sobre la investigación. Así lo establece el reglamento.

Esto no está lejos de ser una posibilidad pues en pocas semanas el electo consejero Alfredo Quispe Pariona podría jurar al cargo si se libra de las acusaciones por diversos delitos; y si no es admitido en el CNM podría jurar su accesitario.

TRANSPARENCIA 

Por eso es importante que el CNM acelere la conclusión de este caso, pues según su reglamento el plazo de investigación es de 6 meses - que se cumplió en noviembre pasado- prorrogables por 6 meses más -que se cumplió en mayo último-. Es decir, ya hay 3 meses más de exceso de plazo que no ha sido invocado por el fiscal Peláez para su beneficio.

A diferencia de otros fiscales como Carlos Ramos Heredia, que terminó destituido, el fiscal Peláez nunca ha presentado ninguna acción contra los miembros del CNM y ha entregado toda la documentación requerida a fin de colaborar con la investigación, de lo cual puede dar fe cada uno de los consejeros.

Por eso ahora el fiscal Peláez es quien espera justicia; justicia del CNM, una institución respetable del país. Son sus miembros los que deben dar una conclusión en mérito a sus investigaciones, las pruebas halladas y los documentos aportados por el fiscal. 

Quienes conocemos al fiscal Peláez sabemos de su trabajo limpio y descontaminado de corrupción o intereses subalternos, así como también sabemos que no está libre, como nadie lo puede estar, de cometer errores u omisiones. 

Conozco de cerca su trabajo y puedo decir que jamás pude notar un solo acto contrario a la ley; tal vez no fue infalible, ni lo será, de los errores u omisiones, pero corrupto no es.

Sin embargo, no somos quienes debemos dar una veredicto a favor o en contra. Esta es atribución del CNM, que esperemos, cualquiera sea su conclusión, no la dilate más.

Raúl Sánchez Villacorta / raulsanchez.rs1@gmail.com